La Justicia acorrala a históricos caciques del peronismo cordobés
En el momento en que Martín Llaryora empieza a proyectar su campaña para la reelección, una sucesión de causas judiciales vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes que durante años fueron pieza...
En el momento en que Martín Llaryora empieza a proyectar su campaña para la reelección, una sucesión de causas judiciales vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes que durante años fueron piezas centrales del poder territorial, legislativo, sindical y político del PJ; una marca de 28 años del peronismo en el poder.
Los nombres Ramón "Cañito" Flores, Oscar González, Alfonso Mosquera, Ricardo Moreno y el sicariato gremial confluyen, desde diferentes expedientes y con distintas responsabilidades.
El caso más explosivo en estos días es el de Flores. El legislador de Río Seco pidió licencia después de que uno de sus asesores, José Aníbal Villarreal, fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual contra menores.
Pero el caso tomó una dimensión todavía más complicada cuando se descubrió que otro integrante de su equipo, Ariel Rodríguez, tenía una condena firme por usurpación y peculado y, aun así, figuraba en la nómina oficial de asesores de la Unicameral.
El episodio vuelve a abrir, además, la discusión sobre los controles de la Legislatura, una institución que todavía arrastra el escándalo de los "empleados fantasma" y la detención del puntero Guillermo Kraisma. Además de los problemas judiciales para los dirigentes del PJ, el conjunto irradia la imagen de una estructura que parece incapaz de detectar a tiempo los antecedentes de quienes incorpora.
Otro frente está en Traslasierra. Oscar González, uno de los dirigentes más poderosos que tuvo el peronismo cordobés, enfrenta el tramo decisivo del juicio por la tragedia de las Altas Cumbres. El exlegislador está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque ocurrido en octubre de 2022, en el que murió Alejandra Bengoa y quedaron gravemente heridas dos adolescentes.
La prueba técnica volvió a complicar al histórico dirigente. El perito oficial Ramiro Ojeda ubicó el punto de impacto en el carril por el que circulaba el Renault Sandero de Bengoa, una conclusión que coincide con la reconstrucción virtual incorporada al debate. La defensa, en cambio, intenta instalar la hipótesis de una responsabilidad de la víctima.
En paralelo, otro histórico funcionario del PJ quedó a las puertas de un juicio por un expediente completamente diferente. La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera y dejó firme el avance del proceso por la denuncia de una expareja, una suboficial de la Policía de Córdoba. Mosquera será juzgado desde el 3 de noviembre por abuso sexual con acceso carnal y otros delitos. Mosquera niega las acusaciones y llega al debate en libertad.
El diputado Ramón Flores.
A la lista se agrega con Cayetano Canto, exintendente de Saldán, una localidad del Gran Córdoba. El juez federal Carlos Ochoa lo procesó por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, lo sobreseyó por evasión y dictó falta de mérito por lavado de activos, por lo que la investigación sobre el origen de fondos continúa abierta.
Canto está además involucrado en una causa mayor por una presunta estructura de defraudación con facturas apócrifas que habría utilizado proveedores ficticios para desviar recursos de municipios y de la Comunidad Regional Colón.
Y mientras los viejos caciques enfrentan a los tribunales, el sindicalismo peronista vuelve a aparecer en una causa que puede desnudar otra zona de poder del PJ.
El próximo 1° de septiembre debía comenzar el juicio por el asesinato de Gabriela Mónica Steffi Pérez, ocurrido durante un acto del Soelsac (limpieza) en septiembre de 2023. Pero la fiscalía sostiene ahora que el ataque no fue simplemente una balacera en medio de una interna gremial, sino un crimen por encargo.
Detrás del expediente aparece una disputa de poder entre dos estructuras sindicales con fuerte peso político: el Soelsac de Sergio Fittipaldi y el Surrbac (recolectores), controlado por la familia Saillén. Los Saillen quisieron arrebatrle el gremio a Fittipaldi, legislador provincial suplente.
Ahora el juicio puede ventilar esa interna delante de un jurado popular. La propia fiscalía sostiene que detrás del ataque hubo una cadena que involucró dirigentes gremiales, barras y presuntos sicarios. El cambio de calificación convirtió un expediente por homicidio en una causa mucho más explosiva políticamente.
En Punilla, mientras tanto, Ricardo Moreno volvió a escena. Se trata del exconcejal y dirigente de las 62 Organizaciones. Moreno reapareció como principal orador de un acto en Villa Carlos Paz, en su primera actividad política de relevancia después del escándalo que lo obligó a renunciar a su banca de concejal por su vínculo con Claudio Barrelier, detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega. Moreno había reconocido que recomendó a Barrelier para ingresar a la Municipalidad.
Ninguna de estas causas involucra directamente al gobernador, ya que ninguno de estos dirigentes es de su riñón. Tampoco corresponde atribuirle responsabilidad judicial por los expedientes de estos dirigentes. Pero sí expone una cultura de poder y de una red territorial que el peronismo cordobés utilizó durante décadas para gobernar; que Llaryora debe rearmar para competir en 2027.
