Milei descartó el financiamiento chino para una mega obra eléctrica, pero Caputo le compra los equipos
El Gobierno pegó una curiosa vuelta de tuerca en la obra de infraestructura eléctrica más importante de su gestión. Después de abandonar el proyecto que tenía financiamiento chino barato, aho...
El Gobierno pegó una curiosa vuelta de tuerca en la obra de infraestructura eléctrica más importante de su gestión. Después de abandonar el proyecto que tenía financiamiento chino barato, ahora la secretaría de Energía decidió que Cammesa importe desde Asia y por anticipado los transformadores que utilizará la empresa que gane la licitación de AMBA I.
Es decir, el Estado no solo pone el capital inicial, sino que importa los equipos mientras todavía ni siquiera existe un adjudicatario para construir la obra.
La Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, instruyó a Cammesa para que en un plazo máximo de 30 días lance una licitación pública internacional para comprar siete transformadores monofásicos de 285 MVA, sus repuestos y la supervisión de su montaje y puesta en marcha. Los equipos formarán dos bancos trifásicos de 855 MVA y serán instalados en la futura Estación Transformadora Plomer. La compra se pagará con recursos de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista.
La apertura a los equipos importados no llegó sola. El mismo día que Energía ordenó a Cammesa salir al mercado internacional para comprar los transformadores de AMBA I, el ministro Toto Caputo eliminó definitivamente los derechos antidumping que todavía protegían el ingreso de aisladores de porcelana provenientes de China, utilizados en transformadores y redes eléctricas.
Un funcionario de Milei difundió una fake news sobre China y puso en crisis el viaje de Karina y QuirnoLa protección llevaba más de diez años. Economía justificó ahora su eliminación porque FAPA, que concentraba el 100% de la producción nacional, dejó de fabricar y remató sus máquinas e instalaciones en diciembre pasado. La Comisión Nacional de Comercio Exterior fue todavía más explícita: sostuvo que mantener la barrera podía convertirse en un obstáculo para las obras críticas de la red eléctrica.
La decisión tiene una particularidad. AMBA I todavía no fue adjudicada. El Gobierno recién autorizó el 10 de agosto el llamado a licitación para entregar una concesión de obra pública destinada a construir, operar y mantener el proyecto. Una vez elegido el concesionario, Cammesa le cederá gratuitamente el contrato de provisión. Los equipos, además, quedarán excluidos del capital utilizado para calcular su remuneración.
AMBA I es una obra crítica para evitar que el sistema eléctrico del área metropolitana siga caminando sobre una cornisa. El proyecto contempla la nueva ET Plomer 500/220/132 kV y líneas de alta y extra alta tensión para aliviar especialmente las estaciones de Ezeiza y General Rodríguez, que trabajan más allá de sus límites. Las distintas etapas y vinculaciones previstas superan los 500 kilómetros de líneas de 500, 220 y 132 kV.
La versión licitada por el Gobierno contempla una inversión estimada de unos 800 millones de dólares y permitirá sumar alrededor de 2.000 MW de capacidad de abastecimiento en una región que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica argentina.
La obra tiene una larga historia. El proyecto que ahora impulsa el Gobierno es sustancialmente el mismo esquema técnico que venía trabajando Transener y que había sido impulsado durante el gobierno de Alberto Fernández por el entonces subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo. Aquella iniciativa había avanzado con financiamiento chino y tenía un contrato comercial firmado. Según fuentes que participaron de esas negociaciones, el crédito estaba en el orden del 4% anual. El proyecto terminó rehén de la interna del gobierno de Alberto Fernández. Santiago Cafiero y Gustavo Beliz frenaron el avance de varios proyectos con China. AMBA quedó atrapado en esa disputa.
El modelo actual es bastante más caro. El Estado aporta recursos para poner en marcha el proyecto y ahora también anticipará dinero para comprar equipamiento crítico. Después, las empresas que compitan por la concesión deberán conseguir financiamiento para completar la inversión. Ese dinero hoy cuesta, como mínimo, más del doble de la tasa que ofrecía China para el proyecto original. Además, AMBA I tramita una garantía del BID y el adjudicatario podrá pedir su incorporación al RIGI.
La diferencia más importante está en quién paga la cuenta. En el proyecto con financiamiento chino, el crédito permitía fondear la infraestructura a una tasa cercana al 4%. En el esquema elegido por Milei, el concesionario recuperará la inversión mediante un canon incorporado al costo eléctrico. Con los cual terminará cargada sobre los usuarios, costo financiero incluído. El Estado pone el empujón inicial, el privado toma financiamiento caro y la tarifa queda como caja de repago.
La resolución publicada este lunes profundiza esa intervención estatal. Cammesa deberá utilizar recursos del Fondo de Estabilización para comprar los transformadores antes de conocer quién construirá AMBA I.
El capítulo chino agrega otra ironía. Fuentes vinculadas al gobierno de Xi Jinping reconocieron ante LPO que Beijing lamenta haber quedado desplazado de las grandes obras de infraestructura argentinas. "Es una pena porque termina siendo más caro para los argentinos", afirmaron fuentes de la Embajada.
La misma fuente explicó que el balance para China, sin embargo, terminó siendo bastante menos dramático de lo esperado. "Con este gobierno perdemos infraestructura, pero compensamos mucho con el ingreso de bienes. El sector de la construcción chino sale afectado, pero al comercio de bienes le va tan bien con la apertura que más que compensamos", explicó.
La historia cierra un círculo bastante singular: se descartó el crédito chino barato para construir la infraestructura, pero se termina utilizando recursos del sistema eléctrico argentino para comprar equipamiento importado que después será entregado gratuitamente al concesionario privado.
A esto se suma que Transener tiene un papel importante. Cammesa podrá contratarla para brindar asistencia técnica, comercial o logística y los transformadores deberán cumplir con las especificaciones de la transportadora. No es un detalle menor porque la compañía conoce el proyecto desde hace años y viene advirtiendo que el cuello de botella del sistema eléctrico argentino está precisamente en el transporte.
La empresa atraviesa un momento particularmente sensible. Tal como reveló LPO, tras la privatización de la participación estatal, el consorcio integrado por los Neuss y Genneia tomó el control de la parte que pertenecía a Enarsa en Citelec. Apenas perfeccionado el traspaso, el directorio de Transener decidió distribuir $253.535 millones en dividendos mediante la desafectación de una reserva formada con ganancias acumuladas cuando el Estado todavía era accionista. La cifra equivale a una porción sustancial de los 356 millones de dólares que se pagaron por la participación privatizada.
El movimiento generó un fuerte escándalo en el sector porque ocurre precisamente cuando la falta de inversión en transporte aparece como uno de los principales riesgos del sistema eléctrico.
AMBA I condensa así varias capas de la política energética argentina. Una obra indispensable que atravesó tres gobiernos. Un crédito chino barato que quedó enterrado por una interna política. Un gobierno que llegó prometiendo retirar al Estado de la infraestructura pero necesita recursos públicos para ponerla en marcha. Un concesionario privado que recuperará su inversión mediante las tarifas. Y China, finalmente, mirando desde la vereda cómo perdió la obra pero termina vendiendo los fierros.
