Un camarista frenó el juicio por extorsión contra el ex juez Bailaque
El trámite de la causa judicial más importante contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quedó paralizado por un tiempo que a la fecha resulta inestimable. Esto ocurrió porque este ...
El trámite de la causa judicial más importante contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quedó paralizado por un tiempo que a la fecha resulta inestimable. Esto ocurrió porque este martes el camarista federal Anibal Pineda aceptó el planteo de que la Corte Suprema de la Nación defina si los delitos que le atribuyen deben ser juzgados por el viejo sistema de juicio o en el nuevo modelo acusatorio.
La decisión levantó una tormenta de comentarios dentro y fuera de los pasillos de la Justicia Federal de Rosario. La fiscalía que acusa a Bailaque en tres causas que implican corrupción institucional presentó su acusación hace diez meses. En primera instancia se convalidaron las imputaciones y se le dictó al magistrado prisión domiciliaria. La camarista federal Elida Vidal también había avalado los cargos. Pero con una apelación horizontal se llegó a la resolución que dilatará, sin previsión de tiempos, la continuidad de la causa más importante que afecta a Bailaque.
Esta es la que tiene al ex juez federal de Rosario imputado por una trama extorsiva para obtener dinero del agente bursátil y ex directivo de la aseguradora San Cristóbal Claudio Iglesias, de la que son partícipes imputados el ex director regional de la AFIP en Rosario Carlos Vaudagna, el financista Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, conocido como lobista de la Justicia Federal en Comodoro Py.
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Lo llamativo en la decisión de Pineda, considerada en extremo sui generis por abogados y funcionarios que hablaron con LPO y siguen el caso, es que avala que avancen hacia juicio oral otras dos causas de Bailaque, que son las que tienen perspectiva de menor pena. Una es el favorecimiento presunto al narcotraficante Esteban Alvarado, que compartía con el juez el mismo contador, por omisión de investigarlo. El otro es haber ordenado el desvío de mil millones de pesos de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín hacia una mutual vinculada a su amigo, el aludido financista Fernando Whpei.
Pineda solo se tenía que expedir por el caso de la extorsión. Pero adujo que respecto de los otros ya se había decidido y que si bien está pendiente el auto de clausura, esos casos sí pueden ir a juicio porque no están alcanzados por la suspensión dictada hasta que la Corte Suprema defina.
En la que Pineda resuelve de un modo que traba el juicio oral es en el caso de corrupción de mayor resonancia: la extorsión, un tema que involucra a otro alto funcionario estatal y hasta a un ex funcionario de la Corte Suprema, que está citado a declarar. Y de manera llamativa también deja diferida una investigación más reciente que implica al magistrado ya renunciado y a su esposa -que es funcionaria de la Justicia de Santa Fe- por una maniobra de lavado.
En estos casos Pineda suspende por un tiempo hoy inestimable el avance del juicio y deja el caso en la oficina de garantías. Los que lo critican indican que es una medida prematura. Que podría haber ordenado el avance con las medidas preliminares de juicio, como el sorteo de autoridades judiciales, el plazo para recusaciones y el control de la prueba en el debate oral. Pero al plantearlo ahora un caso de máxima trascendencia institucional, porque implica a autoridades del Estado de primer nivel en un caso vehemente de corrupción, queda planchado antes de tiempo.
Bailaque está acusado de comprar un terreno en el barrio exclusivo Vida en Funes, pagando 70 mil dólares en 2021 a una empresa constructora que tenía una denuncia por evasión en su mismo juzgado, quien luego ordenó la prescripción de la causa. El gerente de la constructora tuvo en dos ocasiones conversaciones con Bailaque según las constancias extraídas de su teléfono. El empresario se llevó de la oficina del juez 35 mil dólares que le entregaron como primera cuota de la parcela comprada. Esto configura un delito presunto de lavado de activos y la esposa de Bailaque también está imputada.
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Pineda también le puso un paréntesis a la realización de este juicio hasta que se defina si los hechos deben ser analizados en el viejo o nuevo sistema procesal que rige en el ámbito federal de Rosario desde mayo de 2025.
Las críticas a la resolución que paraliza los juicios es que, en este último caso, el delito de lavado se sigue consumando, lo que implica un hecho presente que debe tratarse con el Código en vigencia. Las objeciones también pasan porque los hechos que Pineda sí habilta juzgar son igualmente previos a que rigiera el modelo acusatorio pleno. En estos casos el camarista habilitó, pero en el de la extorsión no.
Pineda argumentó en la audiencia que su posición personal es que debe en estos casos regir el Código Procesal en vigencia en el ámbito federal pero que eso está en discusión. Y su criterio es que estos casos deben llegar a juicio con los pleitos de competencia zanjados y no pendientes. Ambos códigos prohíben que se avance a la instancia de juicio, dice Pineda, hasta que se determine de modo firme el juez natural que debe resolver.
Lo que indicó el camarista es que la suspensión solo abarca las causas de Bailaque en relación a Santiago Busaniche y Graciela Martínez Maulión. Dijo que Bailaque será llevado a juicio por los casos en que le tocó a él actuar como juez de control de la acusación y justamente admitió el planteo de los fiscales. Son las causas relacionadas con la omisión de investigar a Alvarado y la del traspaso de los fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios.
"El efecto de esto es muy práctico", le dijo un analista avezado de este pleito a LPO. "Pineda habilita el juzgamiento de casos en los que Bailaque tiene una posibilidad de pena no mayor a dos años. Cuando haya juicio por más que lo condenen por el tiempo en preventiva queda en libertad. Pero el caso más serio, el de una extorsión por el que los fiscales piden diez años de prisión, no le asegura la libertad. Este es precisamente el que suspende sine die porque la Corte, para resolver si esto se juzga en el sistema viejo o en el nuevo, no tiene plazo".
En esta línea de lectura, las consecuencias son dos. La primera es que los casos puedan no juzgarse juntos. El segundo es que el lobista Busaniche, que también está implicado solo en la extorsión, encuentre el diferimiento de su caso. Justamente Busaniche es un nudo de relaciones de poder. Su defensa pidió que citaran a declarar a Héctor Daniel Marchi y no le tomen juramento por si pudiera ser imputado. Esto porque Vaudagna, el funcionario de AFIP que declara como arrepentido, dijo que la extorsión contra el agente bursátil fue canalizada por Busaniche pero impulsada por Marchi cuando era administrador general de la Corte, el cargo desde el que se maneja la portentosa caja del Poder Judicial de la Nación.
La defensa de Bailaque encabezada por Claudio Puccinelli y las de Busaniche que llevan Diego Pirotta y Débora Lichtmann fueron en apelación horizontal a recurrir que el caso que implica a ambos por la extorsión llegara a juicio en el sistema nuevo porque para ellos el juez natural es del viejo código escrito. Con esto Busaniche obtiene como eventual ventaja que no lo sienten en la misma sala de imputación que un caso de narcotráfico: el que lo envuelve a Bailaque por la protección supuesta a Alvarado.
"Las circunstancias presentan una gravedad institucional excepcional", dijeron en febrero pasado al pedir diez años de prisión contra Bailaque los fiscales federales Federico Reynares Solari, Juan Argibay y Matías Scilabra. "El imputado actuó desde el máximo nivel de poder estatal, utilizando su cargo de juez federal como herramienta delictiva, lo cual constituye una de las formas más lesivas de corrupción pública, ya que desnaturaliza la esencia del Estado de Derecho: quien debía garantizar la legalidad, la vulneró deliberadamente, poniendo la estructura judicial al servicio de un interés privado y delictivo".
